El caso Robles es el primero que obligaría a Peña a responder ante la justicia

Proceso señala, en su edición semanal, que el siguiente paso de la FGR tendría que ser llamar al ex Presidente Enrique Peña Nieto por la investigación contra Robles Berlanga o por una eventual implicación directa.

El pasado 8 de agosto, la FGR sentó finalmente a Rosario Robles frente a un juez, en uno de los casos más escandalosos de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero todavía está en duda si podrá comprobarle los desvíos que, según la Auditoría Superior de la Federación, cometió en perjuicio de la Hacienda pública federal.

El ex Presidente Enrique Peña Nieto se vería implicado directamente o al menos tendría que comparecer ante la justicia por la investigación que la Fiscalía General de al República (FGR) lleva contra Rosario Robles Berlanga, ex funcionaria del mandatario.

En un reportaje de la revista Proceso en su edición semanal, firmado por J. Raúl Linares y Arturo Rodríguez, se detalla que la investigación que la FGR integró contra la ex Secretaria de Estado es por el delito de ejercicio indebido del servicio público, el cual coloca por primera vez en el centro de un proceso penal al ex mandatario.

El semanario indica, según la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001345/2018, la imputación está fundada en el artículo 214 fracción III del Código Penal Federal, que establece que este delito es cometido por quien “teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que puedan resultar gravemente afectados el patrimonio de los intereses de alguna dependencia” por cualquier acto u omisión y “no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades”.

Debido a que durante el sexenio pasado, Enrique Peña Nieto fue el superior inmediato de Rosario Robles, la estrategia de la Fiscalía General se orienta –en caso de que después de la audiencia de imputación del próximo lunes continúe el proceso–, la ex secretaria acepte su responsabilidad por no haber informado del desvío de más 5 mil 73 millones de pesos o que ni ella ni el ex Presidente, habiéndole informado, hubieran tomado medidas para evitar el saqueo.

Las dos opciones, agrega el reportaje, llevarían a la posible imputación de otros delitos por acción y omisión, o incluso que se llegue a acreditar que Rosario Robles o Enrique Peña lo ordenaron.

Proceso detalla que durante la primera audiencia contra Rosario Robles, la cual se llevó a cabo el pasado jueves, la posible implicación a Peña Nieto no se mencionó.

Sin embargo, Juan Manuel Porta, ex Auditor Superior de la Federación, dijo ayer en una entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, que el ex mandatario sabía de los desvíos millonarios a través de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu).

“Fueron muchos temas los que tuve que ver con el Presidente, pero en esa ocasión toqué varios temas, como lo de Javier Duarte, lo de Rosario Robles (..) Aproveché para darle un informe verbal de lo que había y ahí salió hacer una revisión conjunta entre la Secretaría de Desarrollo Social, la Auditoria Superior de la Federación y la Secretaría de Función Pública”, dijo Portal.

Proceso señala, en su edición semanal, que el siguiente paso de la FGR tendría que ser llamar a Peña Nieto por la investigación contra Robles Berlanga o por una eventual implicación directa.

El pasado 8 de agosto, la FGR sentó finalmente a Rosario Robles frente a un juez, en uno de los casos más escandalosos de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero todavía está en duda si podrá comprobarle los desvíos que, según la Auditoría Superior de la Federación, cometió en perjuicio de la Hacienda pública federal.

Ese día, la FGR y la ASF acusaron a la ex titular de Sedesol y Sedatu, por omisiones que permitieron el desvío de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos en las secretarías que dirigió en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Durante la primera parte de la audiencia, los integrantes de la Fiscalía tuvieron algunos tropezones, ya que la primera petición de los abogados de Robles fue que la Auditoría no participara como parte quejosa. La defensa de su permanencia fue limitada y en la lectura de los artículos que sustentaban su actuar se leyeron entrecortados.

Fueron 40 minutos en ese primer desahogo. La defensa de Robles lo puso sobre la mesa, la Fiscalía se defendió y de nueva cuenta los abogados tomaron el micrófono para desestimar lo dicho.

Fue el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el que luego de 20 minutos de análisis decidió que era procedente la participación de la ASF como parte quejosa.

Una fuente que conoció de primera mano las auditorías que revelaron los presuntos desfalcos –no quiso que su nombre fuera revelado en público por temor a represalias–, dijo también a SinEmbargo que la comparecencia era “una farsa”.

“Lo hicieron [la ASF y la Fiscalía, no ir preparados] a propósito. No quieren culparla”, dijo.

El juez Felipe de Jesús Padilla citó de nueva cuenta a las partes el próximo lunes a las 18 horas para determinar la situación jurídica de Rosario Robles.

Con información de Sin Embargo

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