Las autoridades electorales, los ocho partidos políticos con derecho a participar en la elección por la gubernatura mexiquense y el gobernador Alfredo del Mazo Maza ofrecieron respetar la ley, evitar el uso indebido de recursos y de programas sociales, actuar con transparencia, con civilidad, rechazar la violencia política de género y no afectar la equidad en la contienda.
Todos ellos firmaron el “Acuerdo por la integridad del proceso electoral estatal 2023” con trece compromisos sociales y cívicos para el desarrollo de procesos electorales y elecciones íntegras en el Estado de México, entre ellos: respetar las leyes en materia electoral, los procesos y procedimientos en busca de lograr la confianza entre actores políticos, autoridades y la sociedad, apegar sus conductas a los principios democráticos.
El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza se comprometió a generar condiciones de gobernabilidad y estabilidad, a generar certeza de la voluntad ciudadana y el respeto al proceso electoral, así como a atender a organizaciones, Instituciones electorales y partidos.
Afirmó que los participantes conocen las reglas de competencia, y en América Latina solo la mitad de los encuestados tienen simpatías con la democracia y los niveles de aprobación y satisfacción democrática son de los más bajos, por lo cual recuperar la confianza es uno de los mayores retos.
El acuerdo, dijo, fue iniciativa del TEPJF que convoca a las y los actores políticos para garantizar que cada proceso electoral se organice de forma imparcial.
Destacó los acuerdos del convenio y recordó que la democracia se debe a la ciudadanía y depende ella para garantizar su funcionamiento. Destacó la labor del TEPJF y del INE que fortalecen la imparcialidad y señaló que el IEEM se ha consolidado como un órgano confiable y será responsabilidad de su presidenta, Amalia Pulido, la conducción. También resaltó el papel del Tribunal Electoral del Estado de México.
Señaló que la participación de los partidos refrenda el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Los compromisos
Entre los compromisos asumidos destacan contribuir a la celebración de procesos electorales auténticos, profesionales, imparciales y transparentes, a partir de los estándares de integridad, canalizar y procesar las diferencias a través de los cauces institucionales, respetar y tutelar el voto.
Las autoridades se comprometen a propiciar y garantizar reglas y esquemas equitativos para la competencia, a fin de asegurar igualdad de condiciones entre los contendientes, así como a prevenir, evitar y sancionar toda conducta que pretenda coaccionar a los electores, especialmente a través del uso de programas sociales de los tres órdenes de gobierno.
Las partes acordaron abstenerse de realizar cualquier acto que afecte la libertad de la ciudadanía para votar, así como denunciar los actos de los que lleguen a tener conocimiento como: el uso indebido de recursos públicos o de programas sociales para condicionar o interferir en el libre ejercicio del voto.
Otros compromisos son: mostrar plena disposición al escrutinio público, a fin de fortalecer la confianza de la sociedad; lo que incluye fomentar y respaldar la participación de las personas observadoras electorales; así como asegurar que los programas sociales sean instrumentados sin afectar la equidad en la competencia entre los partidos políticos y candidaturas.
También promover el pleno ejercicio de los derechos político-electorales con los más altos estándares de protección a los derechos humanos, garantizando el derecho a la no discriminación y la máxima inclusión social y cultural.
Asimismo, sumar esfuerzos para crear sistemas colaborativos para detectar y mitigar la violencia, fomentando la cooperación a largo plazo entre todos los órdenes de gobierno, instituciones, ciudadanía y redes globales de observadores, eliminar las malas prácticas que atenten contra la dignidad y autonomía de las personas.
De igual forma, garantizar el principio de paridad constitucional y actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia política en razón de género.
El documento señala que existen amenazas al sistema democrático como: la violencia, que gradualmente ha ensombrecido los procesos electorales y ha puesto en riesgo el funcionamiento de instituciones, partidos y organizaciones, pero también la vida de las candidaturas, y la libertad de la ciudadanía para acudir a las urnas.
Otros factores que ponen en peligro la consolidación de la democracia, señala, son: la violación de los derechos humanos, la corrupción, la discriminación, el uso indebido de recursos públicos, el financiamiento ilícito a partidos políticos y candidaturas, las amenazas a instituciones y prácticas electorales como la compra y coacción del voto, velada o directa.
Con información de medios
